La jueza federal Carol Amon admitió la solicitud de desestimar el caso contra el excomandante del ejército de México, Salvador Cienfuegos Zepeda, en audiencia del 18 de noviembre. Esta fue la secuela del impactante anuncio de que los fiscales estaban buscando la manera de retirar los cargos, hecho el 17 de noviembre por el fiscal general estadounidense William Barr, y el fiscal general mexicano Alejandro Gertz Manero.
“En reconocimiento de la sólida alianza entre organismos del orden entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar que hacemos frente unido contra todas las formas de delincuencia, el Departamento de Justicia estadounidense tomó la decisión de solicitar a la Jueza que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas”, declararon los dos altos representantes del ministerio público.
Una moción presentada el 17 de noviembre por el fiscal estadounidense Seth DuCharme aclaró que “Estados Unidos […] determinó que las consideraciones de política exterior sensibles y de importancia están por encima del interés del gobierno en lograr que el acusado rinda cuentas”.
Sin embargo, el New York Times y Vice News informaron que representantes del gobierno mexicano amenazaron con expulsar del país a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y limitar la cooperacion antinarcóticos si no se desestimaba el caso.
Sin embargo, DuCharme dijo durante la audiencia del 18 de noviembre que su oficina “respalda” el caso y no tenía “preocupación alguna” al respecto, pero que la decisión provino de los más altos niveles del Departamento de Justicia y el fiscal general Barr.
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La detención de Cienfuegos a mediados de octubre en el aeropuerto internacional de Los Angeles causó conmoción en Estados Unidos y México, ya que a este último gobierno lo tomó por sorpresa la captura y tampoco estaba al tando de la investigación sobre este alto exfuncionario de seguridad.
En un pliego de cargos formulado en agosto de 2019 y que se hizo público al momento de su detencion, los fiscales estadounidenses acusaban a Cienfuegos de tres cargos de conspiración para traficar drogas y uno de lavado de dinero. Las autoridades alegan que este conspiró con una facción disidente de la Organización Beltrán Leyva, a la que las autoridades llamaron el Cartel H-2, y les permitió “operar con impunidad en México” entre 2015 y 2017 a cambio de sobornos.
No solo eso, al exsecretario de defensa, a quien las autoridades llamaron “El Padrino”, estaba acusado de proteger al grupo del escrutinio de la ley, garantizar la seguridad en el trasiego de cargamentos de drogas y de notificar a sus miembros de operativos del ejército, entre otros delitos.
El fiscal general Barr señaló que su oficina está cooperando con sus homólogos mexicanos y ya ha compartido la evidencia recabada en el marco del caso. Cienfuegos ahora será enviado de vuelta a México sin cargos en contra.
Análisis de InSight Crime
La decisión del gobierno estadounidense de descartar los cargos contra Cienfuegos prácticamente no tiene precedentes. Suscita serios interrogantes sobre cómo pasó Estados Unidos de adelantar una investigación secreta durante varios años a espaldas de las autoridades mexicanas, a confiar ahora en ellos lo suficiente para dejarles adelantar su propia investigación.
Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense, señaló a InSight Crime que nunca había “visto algo así” en sus 31 años de carrera en la fuerza.
El secretario mexicano de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que representantes del gobierno se encuentran investigando al exgeneral, pero Cienfuegos aún no ha sido acusado formalmente en su país, y solo se le abrió una investigación luego de su detención al norte de la frontera. En ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no había ninguna investigación en su contra en México.
Es bastante improbable que el Departamento de Justicia estadounidense hubiera dictado cargos tan explosivos contra Cienfuegos sin la convicción de que podrían demostrarlos. De hecho, el fiscal estadounidense DuCharme reiteró que la evidencia del caso era “sólida” en la presentación ante la corte del 17 de noviembre y nuevamente en la audiencia del 18 de noviembre.
En los documentos de la corte, los fiscales estadounidenses citaron “miles de comunicaciones [interceptadas] por el Messenger de Blackberry” entre la evidencia que sustenta los señalamientos de que Cienfuegos usó su cargo público para proteger al llamado Cartel H2. Los fiscales también señalaron que tenían comunicaciones donde Cienfuegos es “identificado por su nombre, cargo y fotografía como el representante del gobierno mexicano que ayudaba” al poderoso grupo criminal.
Sin embargo, DuCharme sostuvo que los cargos se retiraron finalmente “como asunto de política exterior” para que “México pudiera proceder primero con la investigación y el posible juicio del acusado ante la ley mexicana por la presunta conducta en cuestión, que ocurrió en México”.
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El analista de seguridad, Alejandro Hope, declaró a InSight Crime que el retiro de los cargos muestra “un reconocimiento por parte de Estados Unidos de que el Ejército es el principal actor institucional en México en todo lo que concierne al crimen organizado, y que Estados Unidos no quiere antagonizar con ellos”.
Hope agregó que si el caso hubiera avanzado, la cooperación estadounidense con el ejército mexicano, que ha sido central en la lucha contra el crimen organizado por más de una década, se habría “vuelto mucho más difícil por algún tiempo”.
De hecho, el arresto inicial había amargado la alianza antinarcóticos y la cooperación bilateral general entre ambos países. Algunos exfuncionarios estadounidenses llegaron incluso a afirmar que mantener unas sólidas relaciones entre Estados Unidos y México era más importante que esa prominente captura.
Ahora, Cienfuegos se jugará sus cartas en México, donde por largo tiempo las autoridades han fallado a la hora de procesar funcionarios de alto nivel, así como prominentes narcos, acusados de corrupción, colusión con grupos criminales y graves abusos de derechos humanos, entre otros delitos.
Varios agentes de policía y funcionarios del gobierno local han evadido la captura en México para acabar siendo imputados y procesados por el gobierno estadounidense. De hecho, Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012, enfrenta actualmente cargos por delitos relacionados con drogas en Estados Unidos después de su aprehensión en diciembre de 2019. López Obrador respondió a su detención tildando a la administración del expresidente Felipe Calderón de “narcogobierno”.
El sistema de justicia al mando del presidente López Obrador en México, un país donde los índices de impunidad son de manera consistente los más elevados de Latinoamérica, se pondrá a prueba para determinar si la cúpula del ejército mexicano seguirá siendo intocable.
“Creo que México aparentará que está examinando el tema, pero las probabilidades de que Cienfuegos tenga un proceso judicial completo son muy pocas o ninguna”, sentenció Vigil.
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